La Audiencia Nacional anula la plaza adjudicada en Cádiz al hermano de la actual subjefa de Tráfico de Sevilla

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La Audiencia Nacional ha confirmado la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 9 en la que se anulaba la plaza adjudicada en la jefatura provincial de Tráfico en Cádiz “de manera ilícita” al hermano de la actual subjefa de Tráfico de Sevilla, y a su vez hijo del ex jefe provincial de Tráfico de esa provincia, y ordena retrotraer el concurso a la fase de valoración para esa plaza en concreto y condenando en costas a la administración.

Con esta sentencia se da la razón a CSIF, que denunció la adjudicación irregular de la plaza de investigador de seguridad vial el pasado mes de junio, cuando la subjefa de Sevilla era, de forma accidental, jefa provincial de Cádiz.

A juicio de este sindicato, según expone en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, con esta sentencia “se pone de manifiesto un desprecio a la legalidad por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) y una mala utilización evidente de los recursos públicos en beneficio particular de este funcionario”, ya que la demanda afectaba exclusivamente a su plaza, “y el adjudicatario ni siquiera se ha molestado en recurrir por sí mismo la sentencia, a sabiendas de que por su influencia familiar lo haría la administración”.

Así, la sentencia fue apelada por la Abogacía del Estado a petición de la DGT, “y evitándose de esta forma el adjudicatario el pago de la nueva tasa judicial que le habría sido exigida a cualquier otro funcionario que impugnase una sentencia desfavorable, así como el pago de las costas, que lamentablemente, correrá a cargo del erario público, en lugar de salir del bolsillo del adjudicatario”.

“REPRESALIAS CONTRA CSIF”

La denuncia efectuada por CSIF de las irregularidades detectadas en torno a la adjudicación de esta plaza, ahora confirmadas por la Audiencia Nacional, ha dado lugar “como represalia” a la apertura de un expediente disciplinario al delegado sindical y responsable del sector provincial de Administración General del Estado de CSIF, cuya tramitación comenzó tras la publicación en prensa a principios de verano de la sentencia recaída en una primera instancia por la que se anulaba dicha plaza.

CSIF ha denunciado que el expediente disciplinario supone “una maniobra torticera” de la DGT para represaliarle por su papel impulsor de la demanda contencioso administrativa en la que tiene su origen la sentencia aludida. Para ello, “se está utilizando de un modo perverso a la Unidad de Inspección y Calidad de los Servicios, en lugar de destinarla a prevenir y evitar la corrupción que desde hace años parece campar a sus anchas en el organismo”.

Este sindicato, mayoritario entre los funcionarios, insiste en que este episodio “es un claro exponente de la política nepotista de Recursos Humanos en la Jefatura Central de Tráfico”. Así, y a raíz de investigaciones realizadas por CSIF, se ha podido constatarse que “existen una serie de dinastías familiares e intereses corporativos que han convertido este organismo público en auténtico rehén de un cuerpo altamente endogámico que consta de menos de 200 funcionarios y que controlan todos los resortes de poder en el mismo: los miembros de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico”.

Como ejemplo de todo ello, CSIF ha podido constatar que existen departamentos en el organismo donde el porcentaje de puestos adjudicados a dedo sin someterse a concurso público “es muy cercano al 90% del total de plazas de los mismos”.

Desde el sindicato denuncian igualmente el “elevado clima de conflictividad laboral” motivado por la “mala gestión” de recursos humanos, así como la “impunidad” de jefes provinciales y altos directivos del organismo, “que amenazan al personal con la incoación de expedientes disciplinarios sin motivo, sembrando así un clima de terror laboral totalmente incompatible con una prestación de los servicios públicos en condiciones adecuadas y de calidad”.

Se destaca también que la represalia que está siendo sufrida por el delegado sindical expedientado “tiene tintes aparentemente delictivos”, por lo que la central sindical se reserva las oportunas acciones legales en el orden jurisdiccional penal.

Igualmente y lejos de descartar que el asunto relativo a la plaza ilegalmente adjudicada esté finalmente zanjado, CSIF anota que estará “muy atento” a la ejecución de la sentencia y a la nueva rebaremación que se produzca, “pues la experiencia vivida en situaciones similares indica que en estos casos se intenta por parte de la administración mantener al adjudicatario en su puesto a toda costa”, por lo que de constatarse nuevamente un incumplimiento flagrante del baremo, podrían ejercerse acciones penales por parte de este sindicato.

 http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-noticia-26585

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