Día: 20/11/2013
Manifestación en Marchena en apoyo a la familia de la desaparecida
VER AQUÍ FOTOS Y ARTÍCULO SOBRE MUJER DESAPARECIDA EN MARCHENA
https://policialocalwakinaki.com/2013/11/18/desaparecida-una-mujer-de-28-anos-en-marchena/
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Unas 300 personas, según la Policía Local, se han concentrado hoy en Marchena (Sevilla) para apoyar a la familia de la mujer de 28 años desaparecida desde el pasado viernes, y tras la concentración, han ido en manifestación hasta el Ayuntamiento, donde una hermana sufrió una lipotimia.
La concentración en la inmediaciones del parque ferial fue convocada por las redes sociales, y después, de forma improvisada, recorrieron casi dos kilómetros en manifestación hasta la puerta del Ayuntamiento con varios de los familiares de Ana Isabel Maqueda Arispón a la cabeza, como su madre, hermanos y tías, que aún no se explican lo ocurrido.
Con carteles que incluyen varias fotos de la desaparecida y teléfonos de contacto, los concentrados en la plaza del Ayuntamiento estuvieron quince minutos en silencio hasta que el hermano de la mujer, Ángel, pidió que se pusieran en contacto con ellos si alguien conociera algún dato de su hermana.
Luego hubo numerosas personas que no pudieron contener el llanto y Tamara, una hermana de la desaparecida, se desvaneció y fue atendida por los servicios médicos municipales dentro del edificio del Ayuntamiento.
Una tía política de la mujer desaparecida, Yolanda Hierro, ha explicado a Efe que el desvanecimiento de la hermana se produjo porque llevan cinco días casi sin dormir ni comer, lo que le había provocado una bajada de tensión.
Después de destacar la «inteligencia» de la desaparecida, su tía política ha señalado que han recibido llamadas sin datos relevantes sobre la mujer y ha agregado que no se explican lo ocurrido porque «nosotros mismos nos contradecimos».
Miguel Ángel Arispón, tío de la desaparecida y residente en Valladolid, ha calificado como «increíble» que Ana Isabel haya desaparecido y ha asegurado que no se ha ido por su cuenta, lo que ha subrayado otra tía, Rosario Maqueda, quien ha rechazado que hubiera problemas familiares con ella y que vivía «muy bien» con su abuela.
La Guardia Civil está buscando a la mujer por la comarca de Marchena y también en Fuengirola (Málaga), donde trabajó en una tienda de pinturas y vive su exnovio, búsqueda a la que se han sumado familiares y amigos.
Hasta ahora, los agentes han interrogado a familiares, a amigos y a su exnovio, aunque no han obtenido datos que permitan localizarla, y también han buscado a la mujer sin éxito en cortijos, fincas y zonas poco transitadas de la comarca de Marchena así como en garajes en los que podría haber dejado el coche, un Citroën C3 gris plomo.
Los agentes y familiares han recorrido márgenes de ríos, arroyos y el pantano de Puebla de Cazalla.
Tres detenidos por un presunto intento de rapto de dos niños de 6 y 7 años
Tres personas han sido detenidas por la Policía Nacional en Vélez-Málaga por su presunta implicación en el intento de secuestro de una niña de 6 años y su hermano de 7 en el núcleo costero de Torre del Mar.
Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, sobre las 17.15 horas, cuando la madre de los niños se detuvo a comprar en un bazar y al volver al vehículo en el que se habían quedado los niños fue abordada por varias personas, que supuestamente sacaron a los menores del coche y los introdujeron en una furgoneta.
Al parecer, la niña consiguió zafarse y se escondió en un local cercano, mientras que la madre alertó a la Policía, y una patrulla de la Policía Local interceptó la furgoneta en la que estaba el niño antes de que ésta pudiese darse a la fuga, según han informado a Efe fuentes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Al lugar llegaron más patrullas de la Policía Nacional que se hicieron cargo de la investigación de este suceso, del que da cuenta en su edición de hoy el diario Sur de Málaga.
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1649669/tres/detenidos/por/presunto/intento/rapto/dos/ninos/y/anos.html
Los tres detenidos son un joven, su madre y un allegado de estos, y mientras la mujer se encuentra en el hospital bajo custodia policial, los dos hombres han ingresado en prisión provisional imputados por un presunto delito de detención ilegal.
Una de las hipótesis que maneja la Policía es que la intención de los supuestos captores era raptar a los dos niños para intercambiarlos con el hijo que el joven detenido había tenido con una hermana de los pequeños y que ella no le dejaba ver tras haber finalizado la relación entre ambos.
¿REEDUCAR O PRISIÓN? por Ana Quevedo
¿Cómo podríamos reducir el ‘personal’ que habita en las cárceles? Desde un punto de vista utópico, sería casi sencillo: un trabajo y una casa, ambos dignos y como se recoge en la Constitución española. De este modo nadie necesitaría, o desearía, tener nada del otro. Pero ¿qué pasaría con los delitos más graves o los de sangre? No sería compatible aún teniendo las necesidades básicas cubiertas. Así que mejor pongamos los pies en la tierra y busquemos algunas de las posibles alternativas.
Sin duda, hay que acatar el problema de la delincuencia desde la raíz. ¿Y cuál es esa raíz? La educación, pero no sólo en el círculo familiar. La escuela juega un papel muy importante. Unas recientes jornadas sobre violencia en las aulas concluyeron que la clave para disminuir la agresividad está en…
COMPLETO AQUÍ:
http://criminologiaycriminalisticafb.blogspot.com.es/2013/11/reeducar-o-prision.html
Circular de contestación del SPPME-A sección Morón a nota de prensa dada por el Tte. Alcalde de Seguridad Ciudadana al pago de servicios extraordinarios al Jefe de Policía y dos oficiales.
El SPPME-A sección Morón, contesta por alusión a este Sindicato a la nota de prensa hecha por el Tte. Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana en defensa del pago del 1.298,22 € al Jefe de la Policía Local y dos oficiales pertenecientes a dicha plantilla, haciendo un alarde de cinismo, mentiras e hipocresias, queriendo desmerecer tanto a este Sindicato como a la plantilla de la Policía Local de la cual es el Jefe político, con lo que queda demostrado con hechos y documentos por parte de este Sindicato como sus argumentos quedan desvirtuados, incluso por su mismo compañero de equipo de gobierno Tte. Alcalde Jefe de Personal y Recursos Humanos.
Sin otro particular os saluda atte.
Gregorio García presidente del SPPME-A sección Morón de la Policía Local de Morón de la Frontera.
DECLARACIONES SR. ESCALANTE SOBRE EL PAGO A JEFE DE POLICÍA LOCAL:
CIRCULAR SPPME-A CONTESTANDO A NOTA DE PRENSA ANTERIOR:
La incertidumbre empujó a 14.000 funcionarios a jubilarse en 2012
Casi 14.000 funcionarios decidieron anticipar su jubilación el pasado año en España ante la incertidumbre sobre su futuro y la desmotivación a la que les ha llevado las políticas de recortes de los dos últimos gobiernos.
Concretamente, han sido los empleados públicos en Régimen Especial de Clases Pasivas los que se han acogido de forma mayoritaria a la jubilación voluntaria, pasando de 4.253 jubilaciones voluntarias en 2010 a 13.972 en el año 2012. En sólo dos años se ha triplicado.
El Régimen de Clases Pasivas (Muface, Isfas y Mugeju), en el que se encuadran alrededor de un millón de trabajadores públicos de la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Instituciones Penitenciarias o Educación, permite jubilarse voluntariamente al alcanzar los 60 años de edad, siempre y cuando se hayan completado 30 años de servicio.
Aunque eso sí, con penalizaciones económicas, ya que al no haber alcanzado los 35 años de trabajo su pensión se verá reducida en un porcentaje de hasta el 20 por ciento, a lo que hay que sumar un sistema de cotización, distinto al del sistema general, que penaliza a los trabajadores con sueldos más bajos por lo que las pensiones medias son más reducidas.
Sin embargo, si la carrera laboral llega a 35 años, el funcionario se jubila con el 100% de su haber regulador.
En cualquier caso, los sucesivos recortes salariales que están afrontando los empleados públicos, además de la propuesta de reforma de pensiones que el Gobierno central envió a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo en la que planteaba prohibir el derecho a la jubilación anticipada de los funcionarios, son las razones por las que se ha producido este fenómeno.
Esta situación amenaza ya con paralizar algunos sectores de la administración porque actualmente uno de cada dos empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) se encuentra a punto de jubilarse. Casi un 10% del personal al servicio de los ministerios tiene entre 60 y 64 años, mientras que otro 42 tiene entre 50 y 59 años. Apenas un 1,4% tiene menos de 30 años, frente al 13,2% de entre 30 y 39 años.
Actualmente la mitad del personal se encuentra muy cerca de retirarse o solicitar la jubilación anticipada, en función de su dependencia a la Seguridad Social o Muface. Aunque eso sí, los únicos empleados públicos que, de momento, pueden jubilarse anticipadamente de manera voluntaria son los que están enmarcados en el Régimen de Clases Pasivas.
La Junta de Andalucía paga a los sindicatos por la formación que ella misma imparte
La Junta de Andalucía tiene un organismo, el Instituto Andaluz de Administración Pública, cuya misión es la formación continua de sus funcionarios. Solo a cursos y este tipo de actividades dedicará más de dos millones de euros en 2014, según consta en los presupuestos. Pues a pesar de tener un organismo dedicado a estas funciones y destinar ese presupuesto, el Gobierno andaluz paga también a los sindicatos para formar a su empleados públicos.
Lo denunciaba ayer el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), que ha presentado una petición ante la Junta para que se supriman todas las subvenciones que reciben los sindicatos en materia de formación en Andalucía.
«Se comprende mal que en el escenario que nos encontramos, cualquier sindicato, más grande o más pequeño, de clase o corporativo o profesional, continúe recibiendo dinero público que sale del bolsillo de todos los contribuyentes para algo que puede y debe hacer la administración por sí misma», señaló el coordinador de STAJ Andalucía, Nicolás Nuñez.
El responsable sindical se refería al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), un organismo dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que tiene como objetivo principal la formación continua de los funcionarios, para lo cual tiene una dotación, según consta en los presupuestos de 2014, de más de 9,6 millones de euros. De ese presupuesto global, según recogen las cuentas del próximo año, hay consignados dos millones a formación.
Fuentes de CSIF-A confirmaron a ABC que este organismo de la Consejería de Hacienda se dedica, efectivamente, a gestionar la formación de los funcionarios, en aspectos que van desde el aprendizaje de programas informáticos propios de la administración, como el Júpiter o el Adriano, a tramitación específica de expedientes, pasando por el inglés o la formación en riesgos laborales.
http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20131119/sevi-funcionarios-formacion-junta-201311182114.html
Se declara la responsabilidad del Estado por devolverle a un hombre con antecedentes el arma con la que después mató a su mujer
La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado al Estado por su «defectuoso funcionamiento» al devolverle a un hombre, con antecedentes penales por amenazas, la licencia de uso de armas y el arma con la que posteriormente mató a su esposa.
La sentencia condena al Estado en concepto de responsabilidad patrimonial al pago de 25.000 euros a una hija de la fallecida, al entender que su conducta fue deficiente y actuó como causa «coadyuvante» en la conducta homicida del marido.
Los hechos
Los hechos que dieron origen a este procedimiento se remontan a diciembre de 2003, cuando una mujer denunció a su marido por malos tratos psicológicos, lo que dio lugar a una condena por falta de amenazas por el juzgado de un pueblo cordobés.
Posteriormente, en abril del año siguiente, la mujer volvió a denunciar al marido, hechos por los que se inició otro procedimiento por amenazas, en el curso del cual el juzgado ordenó la intervención de dos escopetas de caza para las cuales poseía la licencia reglamentaria.
En este juicio, el marido resultó absuelto por falta de pruebas y el juzgado ordenó que se le devolvieran las armas, si bien no se hizo efectivo al estar tramitándose, de forma paralela en la Subdelegación del Gobierno de Granada, un expediente de revocación de la licencia de armas.
En ese expediente consta un informe de la Guardia Civil en el que solamente se hace referencia al procedimiento en el que el hombre había sido, sin hacer mención a la anterior condena por una falta de amenazas. En dicho informe policial se concluye que «con la prudencia debida y a la vista de las documentación y alegaciones aportadas, no se cree que la tenencia de armas por parte del reseñado represente riesgo personas o a terceros».
A la vista del informe, la Subdelegación del Gobierno resolvió, en noviembre de 2004, no revocar la licencia de armas. Pasado poco más de un año, el 1 de enero 2006, M.C.C. mató a su mujer con una de las escopetas para las que poseía licencia, hechos por los que fue condenado por la Audiencia Provincial de Córdoba a más de 20 años de cárcel.
Anormal funcionamiento de la Administración
La hija de la fallecida acudió entonces a la vía judicial al entender que se produjo un anormal funcionamiento de la Administración porque no se tuvo en cuenta ningún dato para valorar la peligrosidad del titular de la licencia de armas, así como que no se realizó ninguna investigación o prueba encaminada a conocer «realmente» sus antecedentes.
Ahora, la Sala de lo Contencioso le da la razón al entender que la actuación de la Administración «no reúne los caracteres suficientes para poder ser calificada como adecuada y correcta». Explica que para valorar la conducta del acusado únicamente se pidió informe a la fuerza policial donde reside el marido, cuando lo «lógico» hubiera sido pedirlo a las fuerzas policiales donde vivía la esposa –ya se encontraban separados–, lo que «hubiera puesto de manifiesto la existencia de una condena por faltas de amenazas de muerte».
Así, dicen los magistrados, «el carácter restrictivo que implica el ejercicio de la potestad discrecional de la Administración en la concesión o renovación del permiso de armas exige la obligación jurídica de un actuar diligente, que implica el acceso a la mayor información disponible que la Administración pueda recabar a fin de conocer aquello a lo que pueda tener acceso por estar a su disposición si se actúa con diligencia y prudencia».
Y añade que por «la racional posibilidad de acceso a dicha información tiene la obligación jurídica de conocer y su desconocimiento, en el caso de autos, se configura en el título jurídico de imputación de la responsabilidad patrimonial demandada».
Por todo ello, la Sala concede a la hija de la fallecida una cantidad de 25.000 euros, inferior a la solicitada al entender que la muerte de la madre deriva «básica y esencialmente» de la conducta del marido, si bien la «deficiente actuación administrativa debe configurarse como concausa coadyuvante a la producción del luctuoso hecho, pero lógicamente de intensidad inferior o menor». (EUROPA PRESS)
La Ley de Seguridad Ciudadana impedirá los escraches y protestas ante el Congreso
El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, llevará previsiblemente el próximo viernes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sustituirá a la vigente ley Corcuera. La nueva normativa conlleva castigos de tipo administrativo para quienes participen en un escrache, se manifiesten sin permiso ante el Congreso, quemen contenedores, insulten a un policía y hagan tratos con prostitutas en espacios públicos próximos a colegios, además de otras medidas. Esta ley pretende acabar con la impunidad de algunas de estas conductas que, pese a los intentos del Gobierno, no han merecido ningún reproche penal por parte de los jueces.
El borrador legislativo será debatido mañana, miércoles, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en caso de obtener el visto bueno, seguirá su andadura con su posterior aprobación por el Ejecutivo. Esta ley, cuando sea definitivamente aprobada por Las Cortes, sustituirá a la impulsada en 1992 por el ministro socialista José Luis Corcuera, que fuentes de Interior consideran que en su día fue “muy buena”.
La futura ley Fernández consta de 55 artículos en muchos de los cuales subyace la pretensión de ejercer un mayor control sobre las protestas callejeras. Por ejemplo, faculta a la policía a…
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http://politica.elpais.com/politica/2013/11/19/actualidad/1384819985_742890.html
¿Cuáles son los radares que más multan en Almería?
A pesar de las campañas emprendidas por la Dirección de Tráfico (DGT) y los controles especiales que se llevan a cabo en fechas tan señaladas como la Navidad, la velocidad sigue siendo el pecado capital de los conductores almerienses por séptimo año consecutivo, los años que lleva implantado el carné por puntos en España. El exceso de velocidad estuvo presente en el 31% de los accidentes mortales del pasado año. De media, los radares fijos de Tráfico y los móviles de la Guardia Civil cazan cada día del año a 110 conductores que circulan por las carreteras a más velocidad de la permitida.
Desde el año 2006 se han interpuesto más de 25.000 denuncias por pisar demasiado el acelerador en la provincia. Si bien las multas bajaron considerablemente desde la irrupción del carné por puntos.
Los conductores se han vuelto más prudentes. No solo por la pérdida de puntos, sino por las sanciones económicas ante unos bolsillos de unos conductores más mermados por la…
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http://www.ideal.es/almeria/v/20131118/almeria/cuales-radares-multan-almeria-20131118.html
Critican las inversiones en seguridad vial en la Red de Carreteras del Estado durante 2013 en Málaga
El secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha denunciado esta mañana que el Gobierno de Rajoy reconoce en una reciente respuesta parlamentaria que no ha realizado inversiones en materia de seguridad vial durante 2013 en la Red de Carreteras del Estado en la provincia. «El PP sigue castigando a Málaga y no ha invertido ni un solo euro en actuaciones para la mejora de la seguridad en la red estatal de carreteras de la provincia, lo que nos sitúa, junto con Granada, dentro del grupo de 12 provincias donde no se han realizado mejoras en esta materia», ha afirmado.
«Con Rajoy, las inversiones en seguridad vial han caído de forma estrepitosa», ha aseverado Heredia, al tiempo que ha acusado al ejecutivo central de recortar para 2014 un 13% los fondos en esta materia después de haber realizado una disminución de inversiones del 26% desde que Rajoy llegó a La Moncloa.
«La inversión actual del Gobierno del PP se limita a la mitad de la cuantía que los expertos consideran mínima en términos de seguridad, estamos ante unos recortes presupuestarios que han provocado la denuncia de varias asociaciones del sector ante la imposibilidad de mantener una red que fue de las mejores de Europa, con consecuencias nefastas para la seguridad viaria, y cuyas obras de mejora supondrían la creación de empleo y la reactivación de la economía, es algo que nadie entiende», ha afirmado el líder socialista, que ha explicado que según informes técnicos, el recorte de un solo euro a día de hoy en mantenimiento de carreteras supone cinco euros en cinco años en reparaciones y 25 euros en diez años en reconstrucciones.
Heredia ha achacado a la «falta de liderazgo del PP de Málaga» dichas carencias en la red viaria estatal de la provincia ya que sus dirigentes «son incapaces de exigirle inversiones a un gobierno de su mismo partido». El también diputado en el Congreso ha explicado que, según otra respuesta parlamentaria, la provincia tiene siete puntos negros reconocidos por su alta tasa de accidentes. Así, según los datos facilitados por el Gobierno central, hasta 2011 los tramos con mayor concentración de accidentes de circulación se encontraban en los puntos kilométricos 241, 238, 232 y 181 de la A-7, los puntos 1,7 y 1,8 de la MA-21 y el punto 2,8 de la MA-24.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja ha registrado una Proposición No de Ley por la que exige a Rajoy que en un plazo de tres meses se apruebe un plan extraordinario de actuaciones de conservación en la Red de Carreteras del Estado, con especial incidencia en aquellas carreteras donde se produzca una mayor concentración de accidentes y un mayor tráfico de mercancías y viajeros, así como un aumento de la inversión presupuestaria en esta materia hasta llegar al 2% de su valor patrimonial para garantizar su uso.
Policías Locales Andalucía 