El IAM destaca la importancia del apoyo social para que la víctima de violencia de género no renuncie al proceso judicial

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La mujer víctima de violencia de género sufre una serie de problemas psicológicos derivados del maltrato de los que no es consciente, pero que influyen en su renuncia al proceso judicial (deterioro personal, ansiedad, falsas creencias sobre el amor, dependencia emocional, sentimiento de vergüenza,…). Precisan, por tanto, del mayor respaldo institucional y social posible a la hora de continuar con el procedimiento tras la denuncia. “De ahí la necesidad de una mayor concienciación social, así como de más facilidades por parte de las personas profesionales del sector”, destacó hoy la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Soledad Ruiz, durante la inauguración de las jornadas técnicas de trabajo sobre la investigación ‘La renuncia a continuar en el procedimiento judicial en mujeres víctimas de violencia de género’, organizadas por el IAM en Sevilla y dirigidas a cuerpos de seguridad, servicios psicológicos y jurídicos y demás profesionales que trabajan con las víctimas.

 

Las jornadas trabajan sobre los resultados de la citada investigación, realizada por el IAM en colaboración con el Departamento de Psicología Experimental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, y según la cual el 51,5% de las mujeres que renuncian al procedimiento judicial tras la denuncia no cuentan con apoyo psicológico, lo que contrasta con el 24,9% que sí cuenta con él pero renuncia. En este sentido, es llamativo que el porcentaje de renuncia baje al 19% cuando el apoyo sea prestado por los servicios sociales, que intervienen desde un enfoque integral.

 foto portada

 

Según explicó Soledad Ruiz, es “imprescindible” formar a las personas profesionales del sector, y poco a poco a toda la sociedad, para poder entender “la relación de dependencia de la víctima con el agresor y todas las características específicas de la violencia de género que explican las renuncias a seguir con el proceso”. Sin dicho conocimiento, añadió, “no podremos ayudar a las víctimas ni erradicar jamás la violencia de género”.

 

Según recuerda el estudio, el porcentaje de abandono del proceso judicial por parte de las víctimas (según datos del CGPJ), ronda el 12%, lo que, apuntó Ruiz, “evidencia un éxito: la inmensa mayoría de las mujeres, un 88%, tienen la valentía de continuar el procedimiento”. Pese a ello, Ruiz subrayó la importancia de trabajar con ese 12% restante para poder ayudar a las mujeres que quedan más desprotegidas. En este sentido, la directora recordó que Andalucía registró el pasado año un ligero descenso (del 2,2%) en el porcentaje de renuncias, al bajar al 11,96%, “fruto, en parte -explicó- de ese esfuerzo institucional por proteger y acompañar a la víctima en el procedimiento judicial y en la propia recuperación de su autonomía y su autoestima”.

 

Junto a las dificultades psicológicas y la necesidad de mayor respaldo profesional y familiar, la directora del IAM hizo especial hincapié en los propios procedimientos penales como obstáculos para la víctima, ya que muchas esperan que la denuncia inicial acabe de raíz con la situación de violencia. Así, según la investigación, los tiempos excesivamente dilatados de los procedimientos penales y la excesiva burocratización pueden originar un abandono. De hecho, de los 131 casos estudiados que terminaron en renuncias, la mayoría de los abandonos se produjeron en el período de instrucción (45%) o en las primeras 72 horas (35%), mientras que hubo un bajo nivel de renuncia en los juicios orales (8%) y los juicios rápidos (12%).

 

Asimismo, la no concesión de la orden de protección es considerada otra causa de abandono: el 55,6% de las mujeres a las que no se les concede la orden de protección renuncian frente al 19,7% de las mujeres que lo hacen teniendo la orden concedida. Frente a ello, la directora del IAM abogó por una mejora de la coordinación institucional (social, sanitaria, policial, judicial,….) en la atención a la víctima, evitándole demasiados pasos por el sistema o repeticiones en el mismo del relato de su situación (lo que contribuye a la victimización secundaria). En este sentido, destacó la reciente renovación del Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la Mejora en la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, que creará un Sistema de Información Coordinado para hacer más eficaz la intervención y evitar a las víctimas dobles procesos.

 

Finalmente, Soledad Ruiz advirtió de las consecuencias negativas que puede suponer para las víctimas el anteproyecto de reforma del Código Penal, que prevé suprimir las faltas de vejación injusta, que son los primeros menosprecios, el primer eslabón de la cadena de maltrato. Junto ello, apuntó, la reforma prevé mantener las faltas merecedoras de reproche penal, pero como delitos leves, denominados de escasa gravedad y que estarán castigados con penas de multa, condena que había desaparecido del actual Código Penal por perjudicar a las propias víctimas, muchas de ellas en situación de bienes gananciales. Asimismo, el anteproyecto prevé eliminar el agravante de maltrato habitual en presencia de menores, mientras que pretende incluir la mediación familiar en los casos de maltrato, prohibida por la propia ley integral contra la violencia de género. La directora del IAM alertó de que esa reforma, “contraria al propio concepto de violencia de género”, mermaría la capacidad de protección de las víctimas de violencia de género, “castigadas ya” por otras iniciativas emprendidas por el Gobierno central como los recortes presupuestarios en atención, la imposición de tasas en el nuevo Código Civil o la reforma de la administración local (con la consecuente desaparición de los servicios municipales de igualdad y de violencia de género).

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/noticias/1497-el-iam-destaca-la-importancia-del-apoyo-social-para-que-la-victima-de-violencia-de-genero-no-renuncie-al-proceso-judicial

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