Día: 17/05/2013

¿Sabotaje a los coches? EEUU ya se protege del riesgo de ‘hackers’ de automóviles

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El incipiente pero cada vez más notable riesgo de ‘crackeo’ los que amenaza a los conductores de coches conectados por ordenadores ha llevado al organismo regulador de la seguridad vial en EEUU a desarrollar un protocolo de protección frente a potenciales ‘hackers’ que puedan usar la tecnología integrada en los automóviles con fines maliciosos.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico (NHTSA, por sus siglas en inglés) ha creado una nueva sección dentro de la agencia velará por la seguridad de la electrónica de los sistemas presentes en los vehículos de nuevas generaciones, que se comunican a través de ordenadores con Internet y redes inalámbricas.

No es el único en curso, pero el mismo organismo se encuentra inmerso en el desarrollo de un proyecto piloto de la tecnología de ‘coches parlantes’, que se comunican entre sí con la intención de prevenir accidentes, similar al que ya ha desarrollado, por ejemplo, el CSIC en España.

Alerta del peligro que supone la tecnología

Las preocupaciones a raíz de las últimas informaciones sobre este tipo de vehículos han comenzado a alertar a la sociedad estadounidense del peligro que éstos suponen. “Estos sistemas electrónicos interconectados crean oportunidades para mejorar la seguridad y fiabilidad del vehículo, pero también están suscitan nuevos y diferentes riesgos de seguridad vial y cibernética”, explica David Strickland, director de la NHTSA. “A medida que nuestros coches empiezan a estar mejor conectados, tienen más riesgo de catastróficos ataques cibernéticos”, avisa Jay Rockefeller, demócrata que preside de la Comisión de Comercio del Senado.

Aunque de momento para acceder a los sistemas de a bordo de los coches es necesario tener un acceso físico, los reguladores comienzan ya a anticiparse a la posibilidad de que en un futuro a corto plazo aquéllos puedan usarse remotamente. “Si existe la posibilidad de que esto ocurra, tenemos que afrontarla”, ha tratado de tranquilizar Strickland.

En la actualidad, un coche de alta gama contiene más de 100 millones de líneas de código de programación, mientras que los softwares y demás sistemas electrónicos constituyen ya en torno al 40% del coste total del coche y la mitad de las reclamaciones con garantía, según afirma John D. Lee, profesor de ingeniería industrial de la Universidad de Wisconsin.

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-abril/ecomotor/motor/noticias/4828915/05/13/Sabotaje-a-los-coches-EEUU-ya-se-protege-del-riesgo-de-hackers-de-automoviles.html

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Griñán presenta este viernes en Sevilla el ‘Pacto andaluz por la igualdad de género’

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El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, presentará este viernes en Sevilla el ‘Pacto andaluz por la igualdad de género’, incluido en el ‘Pacto por Andalucía’.

Este acto, que se desarrollará en el Palacio de San Telmo, contará con la participación de la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, y de representantes de diversas asociaciones de mujeres.

Según ha informado la Junta, el Pacto andaluz por la igualdad de género, elaborado por el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y fruto del consenso con diversas asociaciones, forma parte del ‘Pacto por Andalucía’ impulsado por Griñán “para salir de la crisis sin perder derechos sociales”.

Susana Díaz puso ayer miércoles en valor este pacto porque, sin duda, estamos viviendo unos momentos muy complicados para las mujeres, toda vez que la derecha está utilizando la excusa de la crisis para “imponer su moral” y dar pasos atrás y cuestionar los derechos de las mujeres que se han consolidado después de muchos años.

En su opinión, el Gobierno del PP pretende una “involución ideológica” ante la que el PSOE tiene que actuar con fuerza porque este partido es una garantía en la lucha contra las desigualdades, especialmente entre hombres y mujeres.

El pasado 12 de abril, Susana Díaz anunció algunas de las propuestas que se incluirán en el Pacto por la igualdad, como favorecer que los juzgados que abordan los casos de violencia de género suspendan cautelarmente el régimen de visitas del padre a menores, en los casos en que las víctimas se encuentren acogidas en el Servicio Integral de Atención y Acogida por motivos de seguridad.

Otras propuestas adelantas por la consejera consisten en incentivar y bonificar la contratación de mujeres jóvenes y de mayores de 40 años o incrementar la participación de las mujeres en los programas de políticas activas de empleo, así como en los planes de choque por el empleo.

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4830258/05/13/grinan-presenta-este-viernes-en-sevilla-el-pacto-andaluz-por-la-igualdad-de-genero.html

Un efecto disuasorio innegable

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La implantación del casco obligatorio en las ciudades es una medida con la que en absoluto estamos de acuerdo. Como representantes de Organizaciones Ciclistas en el Consejo Superior de Tráfico hemos dejado clara nuestra postura. No cabe duda que el uso del casco es muy recomendable, pero si lo que se pretende es obligar a los usuarios a usarlo, la DGT, además de estar disponiendo de una norma contraria a la Ley de Seguridad Vial pasando por encima del Parlamento, estará perjudicando gravemente la movilidad en las ciudades. Hemos aportado a la DGT estudios avalados por la comunidad científica que demuestran que en los países donde se ha implementado el uso obligatorio del casco en las ciudades, el efecto disuasorio para utilizar la bici ha sido innegable, y además ha aumentado el número de accidentes porque precisamente al disminuir el uso masivo de la bici, paradójicamente la siniestralidad crece, porque el conductor de vehículo a motor se deshabitúa de encontrar a un ciclista en cada tramo, con lo que disminuye su estado de alerta.

Por no decir que quebraría innegablemente el sistema público de préstamo de bicis. No es factible el uso compartido del casco por motivos de higiene y de ajuste del mismo a la cabeza, pues cada cabeza necesita de “su” casco, creándose además dificultades logísticas innegables. Si de lo que se trata es de promover la bici, la mejor medida para que esto no ocurra es obligar al uso de casco. El coste-beneficio se decanta evidentemente por la no obligatoriedad, si es que queremos que las personas se muevan en bici por sus efectos beneficiosos para la salud y la movilidad de las ciudades.

De todas formas el debate del casco no puede solapar otros aspectos muy negativos del proyecto de reglamento, así como constatamos la dejación de funciones de las distintas Administraciones a la hora de solucionar los problemas con los que nos encontramos día a día los ciclistas. Nuestros políticos cortoplacistas que sólo se preocupan de sancionar e imponer, deberían atender nuestras demandas en aspectos esenciales como la formación de escolares y su educación en materia de seguridad vial, en la creación y la adaptación de las infraestructuras adecuadas, de asegurar una legislación penal que beneficie a las víctimas, o el impulso de unas políticas que faciliten la promoción del deporte ciclista, entre otras muchas.

Alfonso Triviño Fernández, secretario General de la Asociación de Ciclistas Profesionales y asesor jurídico.

http://politica.elpais.com/politica/2013/05/14/actualidad/1368532287_856311.html

El TS condena a UGT a indemnizar a un trabajador por despido improcedente

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Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal no ha admitido el recurso de casación interpuesto por Amic que pedía la nulidad de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del 27 de febrero de 2012 al considerar que “no hubo expediente contradictorio”.

Para el Alto Tribunal, el trabajador era delegado de personal a la fecha del despido, por lo que lo amparaban las garantías establecidas en el convenio sindical y, si éstas no se cumplieron, “el despido debe declararse improcedente”.

UGT, sindicatos

El demandante, que trabajaba para Amic desde abril de 2002 y era representante sindical desde hacía un año, recibió una carta de despido disciplinario en noviembre de 2010 que alegaba “transgresión de buena fe contractual y abuso de confianza” por supuestas irregularidades en la compraventa de contratos.

El mismo día del despido la asamblea de trabajadores lo revocó de su cargo, lo que el trabajador denunció al considerar que aún era delegado sindical, y el juez ha valorado positivamente en sentencia firme.

http://www.elderecho.com/actualidad/despido_improcedente-ugt_indemniza_a_trabajador_0_541125408.html

Una imputación de ida y vuelta

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Os dejo otra reflexión de  ELISA DE LA NUEZ SÁNCHEZ-CASCADO sobre la imputación de la Infanta y todos los acontecimientos posteriores. Como bien dice el título, una imputación de ida y vuelta.

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Sobre la imputación de la Infanta Cristina ya tuvimos ocasión de escribir en este blog desde un punto de vista técnico   y también desde un punto de vista más general y político aquíadvirtiendo de que debería evitarse la tentación de arreglar el desaguisado por el camino corto y fácil de presionar a las instituciones para conseguir evitar a la Infanta la vergüenza de ir a declarar como imputada con el correspondiente “paseíllo”. Como al final es exactamente lo que ha sucedido, entendemos que sobre su…

ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ:

http://hayderecho.com/2013/05/16/una-imputacion-de-ida-y-vuelta/

Todo o nada en el Supremo

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“Dura lex, sed lex” (la ley es dura pero es la ley). Esta expresión latina que incide en la importancia de respetar el marco legislativo, a pesar de que pueda resultar duro, es apuntada por un destacado abogado local para referirse a la sentencia contra Pedro Pacheco por el llamado ‘caso de los asesores’, por el que ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación para el desempeño de cargo público. “La pena puede parecer desproporcionada pero no lo es porque la malversación de caudales públicos es un delito muy grave”, señala este letrado que pide quedar en el anonimato. Por ello, advierte que cualquier tipo de comparación con otras condenas a alcaldes de la provincia es lo más parecido a mezclar churras con merinas. Y, según este letrado, Pacheco está apostando por esta estrategia llegando hasta el extremo de igualarse no solo a regidores inhabilitados sino a juicios tan dispares como el homicidio imprudente de Ortega Cano o el asesinato de Marta del Castillo.

Pero, tal y como apunta una fuente cercana al procedimiento, si ha habido condena de prisión para el ex regidor jerezano es únicamente por entender el tribunal que hubo una malversación de caudales públicos. El Código Penal, para los casos de prevaricación (que es la condena que han tenido hasta nueve alcaldes en esta provincia en las últimas dos décadas) solo prevé penas de inhabilitación. En cambio, ninguno de ellos fue por malversar, que sí está penado con cárcel.

Pedro Pacheco, frente al juzgado de García Figueras. /Miguel Ángel González

El fallo de la Audiencia Provincial recoge que hubo un concurso medial (es necesario un delito para la ejecución del otro) entre la malversación de fondos públicos y la prevaricación por lo que, en base al Código Penal, “se impondrá en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave”. Esto quiere decir que se aplica el castigo establecido por malversar, que está fijado en prisión de entre tres y seis años y una inhabilitación de seis a diez años. Al existir concurso medial, se fija la pena a partir de la mitad superior de este intervalo, es decir, entre los cuatro años y medio y los seis. Ya el abogado del Ayuntamiento, Juan Pedro Cosano, apuntaba el pasado martes que le han impuesto a Pacheco la pena mínima, cuatro años y medio. “Podría haber sido peor”, comenta uno de los juristas consultados por este periódico. Por lo tanto, Pacheco solo se hubiera librado de la pena de cárcel si el tribunal hubiera considerado que en las contrataciones no hubo malversación de fondos públicos.

En el fondo de este caso subyace la irregularidad de unas contrataciones por parte de unas empresas que pagaron a unas personas que no hicieron ningún tipo de contraprestación laboral, de ahí el perjuicio económico y, por ende, la malversación. Por ello, los expertos consultados señalan que el margen de maniobra de Pacheco es muy corto ya que se la juega en el Alto Tribunal a “todo o nada”.

Teniendo en cuenta que la pena impuesta es la mínima tipificada, difícil será argumentar la petición de una reducción de condena hasta llegar, al menos, al tope legal para eludir la cárcel (fijado en dos años). Hay jurisprudencia en casos similares donde las condenas se han rebajado hasta el año o solo e algunos meses pero es porque se han aplicado atenuantes como reconocimiento del delito, colaboración con la justicia, reintegros del dinero malversado o dilaciones indebidas en el proceso judicial, cuestiones que hasta el momento no se ha planteado por la defensa. Pacheco ha insistido desde el inicio en su inocencia y en defender la legalidad de las contrataciones de José López y de Manuel Cobacho. Por lo tanto, es del todo improbable que en casación cambie de parecer en un intento desesperado de salvar los muebles. De hecho, ya anunció ayer que su apuesta será tumbar de pleno una sentencia de la que dijo “no hay por dónde cogerla”.

No obstante, en el caso de que hubiera una rebaja de pena en el Supremo, antes tendría que reintegrar la indemnización (fijada en primera instancia en unos 107.000 euros), ya que es condición sine qua non para acogerse a este beneficio.

Pero, podría darse la circunstancia de que aumentase la condena ya que no solo habrá recurso por parte de la defensa sino que la Fiscalía confirmó ayer que también lo presentará.

Tras estudiar la sentencia condenatoria, solicitará al Alto Tribunal que se tenga en cuenta el delito continuado de falsedad en documento oficial que se solicitó en la calificación de los hechos y que finalmente no fue considerado por la sala. Cabe destacar que dicha acusación recaía contra cada uno de los tres condenados, con una petición de prisión de cinco años y nueve meses de prisión para el primero de ellos. La Fiscalía sigue manteniendo que se hicieron facturas que no se correspondían con la realidad para pagar a los asesores de Pacheco y que tal circunstancia constituye una falsedad en documento oficial. José López, como se recordará, presentaba facturas para cobrar de la sociedad Xerez XXI Speed Festival por trabajos de asesoría.

De otro lado, la Fiscalía espera que en los próximos días se aclaren los términos de inhabilitación con los que han sido condenados los tres acusados en la sentencia de la Sección Octava, ya que en la sentencia no figura que se trate de una inhabilitación absoluta, “aunque así se entiende”, que era justamente el tipo de inhabilitación que solicitaban las acusaciones tanto pública como particular, ejercida por el Ayuntamiento. Se espera que en los próximos días, y de oficio, se aclare este extremo. En caso de que no fuera absoluta, también se recurriría dicho extremo al Tribunal Supremo.

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1523991/todo/o/nada/supremo.html