Día: 05/05/2013

La Junta forma en mediación a los policías locales

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La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) ha puesto en marcha el primer curso sobre mediación para policías locales que se imparte en la comunidad andaluza, al que han asistido más de una treintena de agentes de diversos municipios de Andalucía para formarse en la aplicación de unas técnicas que les ayudarán a resolver conflictos en sus municipios sin que la ciudadanía tenga que acudir a los tribunales.  

La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, va a formar en total durante este año a más de 300 policías locales de las ocho provincias andaluzas a fin de mejorar su capacitación la resolución extrajudicial de conflictos, evitando denuncias y procesos judiciales sobre muchos problemas cotidianos en sus municipios. 

Esta iniciativa formativa pionera en Andalucía propiciará que los agentes adquieran y dominen las técnicas de mediación, lo que posibilitará el fomento de soluciones compartidas por las partes en los problemas y conflictos ciudadanos y una reducción del volumen de trabajo que llega a los órganos judiciales. En total, serán cerca de 300 los policías locales participantes en los cursos, de carácter presencial, que recibirán 210 horas lectivas formativas. 

http://andaluciainformacion.es/trafalgar/305403/la-junta-forma-en-mediacion-a-los-policias-locales/

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LA CADENA PERPETUA REVISABLE Y EL CÓDIGO PENAL

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De tanto en tanto, uno o dos casos penales de especial trascendencia asaltan las portadas de los periódicos y los titulares de los telediarios, poniendo, una vez más, el debate sobre la conveniencia o no de la cadena perpetua encima de la mesa. El caso de Marta del Castillo, por ejemplo vuelve a dar su enésimo giro y todavía tenemos fresco en la memoria el caso de los niños de Córdoba. Ver a los culpables, dentro de quince o veinte años, de nuevo en libertad va a ser algo difícil de tragar para muchos.

El Código Penal recoge una estancia máxima en prisión de treinta años, excepto para los delitos de terrorismo, que se extiende hasta los cuarenta años. Pero, para algunos, esta cifra parece no ser suficiente.

Si comparamos la actual redacción del Código Penal, vigente en su mayor parte desde el año 1995, con el que teníamos hace tan sólo veinte años podríamos sorprendernos todavía más, ya que un crimen cometido en el año 94, por ejemplo, tenía una condena máxima de quince años. Nada que ver con lo que buscan ahora algunos al introducir los términos Cadena Perpetua Revisable y Prisión Permanente Revisable en el debate público.

La Cadena Perpetua Revisable y el Código Penal

Aunque no se ha concretado demasiado sobre que delitos podrían acarrear una de estas penas, parece claro que el objetivo son los delitos mediáticos, y quizás, actos de terrorismo y delitos contra la humanidad.

La revisión a la que se alude tampoco se ha concretado todavía, pero consistiría, probablemente en una discusión periódica del caso, cada pocos años, una vez transcurrido un periodo inicial (15 o 20 años, por ejemplo).

De fondo, y detrás del debate público y mediático que genera siempre este tema, se debería abrir un intenso debate jurídico, que verse entre otras cosas sobre la compatibilidad de la reforma con el artículo 25.2 de la Constitución Española, sobre la posibilidad de aplicar o no el Derecho Penal de las víctimas y sobre el fin último de la reinserción de los condenados como principio rector de nuestro sistema penitenciario.

La opción de instaurar la cadena perpetua está sobre la mesa, pero el debate corresponde a los juristas y debe ser sosegado, baremando valores legales superiores y no dejando esta labor ni a los periódicos ni a los tertulianos.  Y aunque debe incluir, por supuesto, la opinión de las víctimas, no es esta la única voz que debe ser escuchada.

Publicaciones nocturnas en el Blog

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Hola a todos. A partir de hoy intentaré dejar algunas cosillas en horario de madrugada para los que trabajan de noche. También recordar que son muchos los que siguen el Blog desde otros puntos del mundo con diferente horario, por lo que pondré lo que pueda y cuando pueda para que todos estemos “entretenidos y al día”. Un saludo a todos. WAKINAKI

La responsabilidad de recetar Seguridad Vial

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La prescripción de seguridad vial por parte de todos los especialistas de la medicina, ya sean médicos, enfermeras o farmacéuticos, sobre los riesgos de ciertas enfermedades y medicamentos para la conducción son vitales para poder prevenir tragedias en la carretera.

En la revista Tráfico y Seguridad Vial de diciembre de 2012, Mercedes López escribe un interesante artículo: “La Seguridad Vial también se receta”; en el que nos informa de que las enfermedades y tomar ciertos medicamentos pueden ser la causa de riesgo en la vía pública, tanto para conductores como para peatones.

Un 25% de los medicamentos analizados por la Agencia Española de Medicamentos debe de llevar un pictograma (coche dentro de un triángulo rojo) que alerte a los consumidores sobre su posología y efectos a la hora de conducir un vehículo. Si a eso añadimos, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá) y publicado en la revista New England Journal of Medicine, que concluye que: “las advertencias de los médicos sobre las enfermedades y los tratamientos juegan un papel crucial en la reducción de accidentes de tráfico”. Incluso cuantificaron esa influencia realizando un seguimiento a 100.000 pacientes durante 3 años, periodo en que se vieron involucrados en 1.430 accidentes de circulación siendo ellos los conductores. Un año más tarde, y después de haber sido informados, esos mismos pacientes, por sus médicos sobre los riesgos que conlleva su enfermedad o su tratamiento, los accidentes bajaron a 273, lo que supone “una reducción de aproximadamente el 45% de la tasa anual por cada 1.000 pacientes”.

Debemos de ser verdaderamente conscientes de que es necesario que todos los colectivos (médicos, enfermeras y farmacéuticos) se sensibilicen e interioricen este problema de salud pública y que se responsabilicen de su fundamental e imprescindible papel en la prevención de accidentes de tráfico, por ser, sin ninguna duda los mejores prescriptores en la prevención de las víctimas del tráfico. Al mismo tiempo el paciente debe de informar siempre si es conductor.

Se trata de recetar siempre Seguridad Vial, es decir, todos los profesionales de la salud deben de preguntar en todo momento al paciente si es conductor y de las causas/efectos tanto de la enfermedad como de los medicamentos que se recetan para su cura. Se debe de institucionalizar el que ante ciertas enfermedades, por ejemplo, el parkinson, el alzheimer, los que han sufrido un ictus o tienen cataratas; así como ante medicamentos con riesgo se informe al paciente.

http://www.medicosporlaseguridadvial.com/la-responsabilidad-de-recetar-seguridad-vial

La única sentencia sobre el síndrome amok (y II)

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Casi in extremis –como relata la propia sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla [SAP SE 5787/2000, de 24 de julio]– la defensa aportó el informe de una psicóloga sustentando la pretensión atenuatoria en un diagnóstico de enfermedad mental del procesado, concretamente un trastorno explosivo intermitente de la personalidad, del subtipo conocido como amok, con el que trataba de demostrar que el acusado no era imputable por aquellos hechos. Hasta el momento, este caso es la única resolución española que ha tenido que enjuiciar un supuesto relacionado con ese trastorno explosivo intermitente de la personalidad que desata un paroxismo de violencia y que es característico de los habitantes de las islas del sudeste asiático; de hecho, el término amok es una voz de origen malayo que significa ataque furioso y su origen es tan antiguo que ya apareció citada en un libro del portugués Duarte Barbosa escrito en el siglo XVI, donde este comerciante que viajó con la expedición de Magallanes relató el comportamiento de algunos habitantes de la isla indonesia de Java: que salían a la calle y mataban a tantas personas como se encontraban.

Según los especialistas, el individuo que lo padece tras sufrir una fuerte vergüenza social; empieza a correr sin cesar destrozando todo lo que encuentra a su paso, incluso matando los animales y a las personas que se tropiezan en su camino. Normalmente el resto de la población lo acaba matando por ser un ser peligroso, pero los que llegan a sobrevivir, muestran una amnesia total sobre lo ocurrido. Podría sugerirse que se trata de un ataque de pánico, esquizofrenia o una paranoia transitoria pero la verdad es que los especialistas occidentales no se ponen de acuerdo en la naturaleza exacta del amok (ESTEBAN, M. Geografía del desarrollo humano. Barcelona: Aresta, 2010, p. 247).

El perito de la defensa apuntó los rasgos que se observan en el cuadro diagnóstico del amok, transcribiéndolos del famoso DSM-IV [la cuarta edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) que publica la Asociación Psiquiátrica Americana (APA)], presentándolo como un episodio agudo de comportamiento violento y descontrolado que la persona no recuerda; asociado a rasgos disociativos prominentes, que se presenta de forma brusca y sin periodo prodrómico [malestar que precede a una enfermedad] y que finaliza con signos de liberación, catarsis, consternación o arrepentimiento por lo sucedido.

En cambio, el órgano judicial discrepó de aquel argumento, a pesar de los ejercicios dialécticos que hiciera la perito en el acto del juicio, porque el acusado no mostró evidencias de amnesia, tampoco presentaba rasgos disociativos, ni se apreció el menor signo de sentimiento de “liberación” o catarsis, ni mucho menos de consternación o arrepentimiento por lo sucedido, que son uno y otro frecuentes y característicos de los trastornos explosivos, de los que el amok constituye un tipo particular; por todo ello, condenó al procesado, sin circunstancias modificativas de su responsabilidad, como autor de diversos delitos y faltas: nueve años de prisión, por un delito de asesinato en grado de tentativa; cuatro años, por un delito de detención ilegal; veinticuatro fines de semana de arresto por un delito de lesiones por imprudencia grave; y otros seis fines de semana más por una falta de lesiones dolosas.

La imagen que acompaña a este in albis es un óleo del pintor brasileño Ramonn Vieitez titulado The yellow door killer y forma parte del proyecto británico REcreative.

Nota sobre vehículos históricos

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vehiculos historicos

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Plan de Formación Continua Famp-2013

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Acabamos de publicar en nuestra Web, http://www.famp.es/famp/programas/formconti/enlaceportada.htm el Plan de Formación Continua para 2013, destinado a los empleados/as de la Administración Local andaluza.

Si estás interesado/a en algún curso, a partir de estos momentos puedes inscribirte. Las fechas de ejecución de cada curso las iremos incorporando conforme se vayan cerrando con los distintos impartidores.

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http: http://www.famp.es/famp/programas/formconti/enlaceportada.htm /www.famp.es/famp/programas/formconti/enlaceportada.htm

Taller de Perfilación Criminal en Sevilla, el próximo 18 de Mayo

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Taller de Perfilación Criminal en Sevilla, el próximo 18 de Mayo. Para información sobre descuentos y matriculación contactad en:


email: luchacontraelcrimen@gmail.com.

Teléfono: 667902911 
¡No os lo perdáis!

taller practico perfilacion criminal

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=359759930791676&set=a.301440483290288.53609.298711750229828&type=1&theater

OLVIDO HORMIGOS NO ES EL CÓDIGO PENAL

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“Nunca imaginé que pudiera utilizarlo. Fui ingenua”.Olvido Hormigos, exconcejal de Los Yébenes (Toledo), reconvertida en estrella televisiva, no entiende que una juez no aprecie un delito contra la intimidad la difusión del vídeo erótico que envió a un futbolista con el que mantenía una relación y que acabó viendo medio mundo. Olvido, que no se ha amilanado, sostiene que la juez está influenciada por su cambio de rumbo (participación en programas y desnudo en Interviú). No lo comparto, tal y como le expliqué a ella por dos razones: una, el artículo 197 del Código Penal, delimita claramente la frontera del delito analizado y en este caso no se ha producido; dos, el fallo de la juez es del 15 de marzo. Podría haberle condicionado el estrellato televisivo de la denunciante por fechas, pero su posado fotográfico aún no era público. La magistrada, además, deja una vía abierta: la posibilidad de que se haya incurrido en un delito contra la integridad moral.

La juez de Orgaz (Toledo) estima que no existe delito contra la intimidad porque Olvido en su relación personal con el futbolista y a petición de él grabó “voluntariamente” el vídeo en la privacidad de su casa, con su móvil y fue ella quien se lo envió también de forma voluntaria. “Este elemento subjetivo o volitivo, esto es, la plena voluntariedad y consentimiento de la denunciante en el envío del citado vídeo a través de su teléfono móvil al imputado, quiebra desde el inicio la posible subsunción de los hechos denunciados en un delito contra la intimidad”, sostiene el fallo.

El artículo 197 no deja resquicio: “El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro,sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción (…) será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años”. El artículo, con seis apartados, continúa delimitando hasta donde alcanza la intimidad, y en cada una de las posibles vulneraciones hace mención expresa a que no haya autorización o consentimiento. Se especifica además la difusión y revelación por parte de terceros donde la pena puede llegar a los cinco años, pero siempre con la condición de que el contenido al que afecta se haya obtenido de manera ilegal; esto es, robado o sin el consentimiento del perjudicado.

El fallo, pues, se ajusta al Código Penal, pese a que Hormigos se sienta perjudicada y disgustada. Otra cuestión es si el ámbito de la intimidad debería contar con una protección adicional para abarcar todos los resquicios de seguridad y falta de privacidad que saltan a golpe de ratón o teléfono móvil. La reforma en marcha del Código subsana en parte estos agujeros y penaliza conductas y hechos que conviven con nosotros. El nuevo texto castiga la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin que esta lo sepa cuando afecten gravemente a su intimidad. El artículo introducido parece diseñado a medida del desliz de la concejal, hasta el punto que se bautizó como “reforma Hormigos”.

Olvido, mientras, sigue dando la cara. “No tengo nada que ocultar. Yo soy la víctima de la utilización que hizo alguien en quien confié y he pagado un precio alto”, dice. El último que algún gracioso se crea con derecho a suplantarla. El mismo día que se publicó su posado en “Interviú” alguien desde una cuenta falsa de Twitter simuló que ella enlazaba el vídeo denunciado. “Jamás haría algo así. Es un episodio del que no me siento orgullosa”. “No he desmentido que esa no era yo porque cada vez que muevo algo el efecto es el contrario”. Esta vez tampoco se ha arredrado. La denuncia ya está presentada.

http://cruzmorcillo.blogspot.com.es/2013/04/olvido-hormigos-no-es-el-codigo-penal.html

Patrullas

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Leo alarmado en la prensa, que en algunos lugares de nuevo se han formado patrullas ciudadanas rurales que vigilan determinadas zonas, generalmente bastante despobladas y mal comunicadas de la provincia de Teruel. De momento y según se informa, se indica que se hace de un modo civilizado, en colaboración con los ayuntamientos y coordinados por la Guardia Civil.

En mi larga experiencia rural he podido constatar que ciertamente en los pueblos se vive bastante tranquilo en cuanto a problemas de seguridad ciudadana en comparación con los problemas que se padecen en pueblos medianos o en las ciudades. Salvo casos muy puntuales y salvo raras escenas de violencia desatada de lo que llamamos la España profunda cuando a un desequilibrado le da por coger una escopeta y liquidar viejas rencillas por la vía rápida (recordemos Puerto Urraco), no son muy frecuentes los delitos muy graves. Por el contrario, sí se cometen en los últimos tiempos multitud de delitos contra la propiedad, aumentados desde el agravamiento de la crisis económica y aprovechando el aislamiento de muchos parajes. En algunos casos se sospecha con bastante fundamento acerca de quiénes son los presuntos, pero casi nadie se atreve a decir nada, primero porque en muchas ocasiones no hay pruebas y en segundo lugar por el peligro de aquello de “me he quedado con tu cara”. De otra parte tratándose habitualmente de delitos menores tampoco existe demasiado interés oficial, o quizás posibilidades reales de esclarecer esos pequeños hechos dada la endémica escasez de medios personales y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En 2007 y con la Ley Orgánica 16/2007 de 13 de diciembre, se modificó la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 13 de marzo de 1986. Se estableció la posibilidad de que en caso de que existan dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma que no tengan recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local, se podrían asociar para la ejecución de las funciones asignadas a dichas policías en esta Ley. Ya comentamos esta posibilidad en una ocasión (véasehttp://administracionpublica.com/asociaciones-para-la-prestacion-de-los-servicios-de-policia-local/). A pesar de ser una interesante posibilidad, sin embargo cinco años después, no conozco que al menos en Aragón, se haya ejercido esta posibilidad, que no obstante, es obvio que presenta muchas dificultades de orden económico, técnico y práctico.

En los pequeños pueblos se ejerce un notable control social de comportamientos cívicos, pero en cuanto a la delincuencia poco o casi nada se puede hacer; existe una real desprotección tratándose de extensos y despoblados territorios. Generalmente, por otra parte, muchos pequeños hurtos y robos no se denuncian en su gran mayoría en la seguridad de que no sirve de nada si no es simplemente para poder cobrar el seguro caso de que se disponga del mismo. Tan sólo sirve para perder unas horas en el cuartel de la Guardia Civil que está en el pueblo cabecera. Así, siempre resultan chocantes las estadísticas anuales de la Fiscalía manejando cifras que se refieren tan sólo a las denuncias formales presentadas y no al número de casos reales. Es claro que existe una gran desconfianza ante el esclarecimiento de muchos hechos delictuosos. Por cierto, he de decir que en mi experiencia personal, han sido frecuentes las ocasiones en que los Ayuntamientos han sufrido pequeños robos y, ni una sola vez se ha detenido a un culpable. En la última ocasión, informé al Concejal correspondiente de la necesidad de acudir al Puesto de la Guardia Civil y como ya habían ocurrido hechos parecidos en un par de ocasiones anteriores, declinó mi recomendación con un pragmático ¿para qué?

Hay que decir que el benemérito Cuerpo de la Guardia Civil es eficaz pero quizás sólo en los casos graves y sobre todo en los escabrosos, truculentos y mediáticos, en éstos echan toda la carne en el asador.

Casos hay en los que con sentido común y con muy escasos medios se han podido prevenir acontecimientos catastróficos. Recuerdo que tuvimos un caso de un vecino de mediana edad, alcohólico crónico y ya mentalmente muy desequilibrado que no tenía familia en el pueblo. Era de dominio público que circulaba a menudo en estado etílico en una vieja furgoneta en la que llevaba la escopeta de caza (nadie sabe cómo era posible que pudiese renovar el permiso de conducir y el de caza). Nunca pasó nada afortunadamente, pero temiéndonos que pudiese ocurrir algo gordo iniciamos los trámites con la Fiscalía para tratar de que se le inhabilitase o al menos se le retirase el permiso de armas. No hubo lugar a proseguir porque entre tanto falleció. Viene a cuento la historieta porque en un pueblo donde no hay policía local y las fuerzas de la Guardia Civil está formada por tan sólo cuatro o cinco números para un territorio de quince localidades y veinte mil habitantes, en muchas ocasiones existe una verdadera desprotección real.

Por ello es comprensible que se formen patrullas ciudadanas de vecinos hartos de ser víctimas de robos, tratando de resolver por sí mismos un problema que es un problema que el Estado no atiende. Pero no es en absoluto lógico. La primera obligación históricamente del Estado es la protección de los ciudadanos frente a cualquier tipo de agresión. El vasallo pagaba un diezmo al señor a cambio de protección y cuando se forma el Estado, éste asume el monopolio de la violencia, siempre a cambio, claro está, de que el vasallo, ahora ciudadano, pague sus impuestos. Por eso el Estado organizado en modo alguno puede hacer dejación de un eficaz sistema de protección, imprescindible para la convivencia y una de las principales razones de ser del Estado. A partir de ahí, se puede empezar a discutir el derecho a portar armas y/o el derecho o no a la autoprotección y los peligrosos límites de la legítima defensa, tanto para el agresor como para el agredido que siempre debe responder con medios “proporcionados”.

Quizás los vecinos de esos pueblos dejados de la mano de Dios deberían empezar a hacer objeción fiscal porque una de las partes (el Estado) no cumple con su parte del contrato, la protección de personas y bienes.

http://csi-csif-alhaurindelatorre.blogspot.com.es/2013/05/patrullas.html