A partir de 2 años, cárcel sí o sí

Posted on 24/04/2013 Actualizado enn 24/04/2013

La legislación española establece el ingreso obligatorio en prisión a los condenados cuya pena sea superior a dos años. Para penas inferiores, la decisión depende de los jueces.

Según el artículo 80 del Código Penal, «los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada». «En dicha resolución», apunta ese artículo, «se atenderá fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste». Si el penado es un enfermo muy grave e inclurable, el juez puede suspender cualquier pena.

Las condiciones exigidas legalmente son que el condenado «haya delinquido por primera vez», «que la pena o penas impuestas, o la suma de las impuestas, no sea superior a dos años», y que «se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado», salvo que quede constatado que al condenado le resulte imposible hacer frente a las mismas.

Además, los jueces pueden establecer una serie de obligaciones añadidas, tales como la prohibición de acudir a determinados lugares, de aproximarse a una víctima, de ausentarse sin autorización del lugar donde resida, así como la obligación de comparecer en el juzgado, participar en programas formativos y,en general, «cualquier deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la rehabilitación social del penado».

La sustitución de las penas de cárcel se regula en el artículo 88 y siguientes del Código Penal. Para penas inferiores a un año, y especialmente cuando existe un componente de adicción a sustancias, lo más normal es que el juez sustituya la pena de cárcel por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, una vez analizadas «las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen».

La norma siempre que no se trate de reos habituales, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo, dice el artículo 88.1 del Código Penal.

El mismo artículo prevé que, «excepcionalmente», se pueda «sustituir por multa o por multa y trabajos en beneficio de la comunidad, las penas de prisión que no excedan de dos años a los reos no habituales, cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social».

De todas formas, la ley recuerda que esta suspensión «quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el plazo fijado por el juez o tribunal». «En el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, la pena de prisión inicialmente impuesta se ejecutará» pero se descontará la parte de tiempo a que equivalgan las cuotas satisfechas, de acuerdo con la regla de conversión establecida en el apartado precedente.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/24/espana/1366802998.html

El Tribunal Constitucional ampara a los jueces gorrones: STC 27/2013

Posted on 24/04/2013 Actualizado enn 24/04/2013

La figura del “juez gorrón” ha adquirido carta de naturaleza en la doctrina jurídica con perfiles precisos, para referirse al juez que utiliza el Derecho Comunitario como pretexto para desplazar o inaplicar las leyes o reglamentos internos, sin molestarse en plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En otras palabras, el Derecho Comunitario con el vigor que le otorga el principio de primacía, se convierte en la palanca que permite al Juez en plena sentencia  doblegar el derecho interno, sin intervención ni del Tribunal Constitucional ni del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No se trata de jueces kamikaces o levantiscos sino mas bien de jueces ingenuos que persiguen finalidades jurídicamente erróneas sin exponerse al control del Tribunal de Justicia europeo.

Este tipo de juez (que digámoslo claro no es un producto ibérico autóctono sino mas bien especie asilvestrada que se da en todos los parajes judiciales de Europa ) demuestra una curiosa esquizofrenia: se alza como guardián del Derecho Comunitario y simultáneamente no desea ni se molesta en consultar al Tribunal Europeo para determinar si la  normativa interna es compatible con el Derecho Comunitario. La coartada jurídica para que el juez gorrón se ahorre dictar un auto planteando la cuestión prejudicial ante el Tribunal europeo, y para no esperar la futura e incierta sentencia comunitaria, se la ofrece la ya clásica sentencia Cilfit dictada por el Tribunal de Justicia europeo el 6 de Octubre de 1982, asunto 283/1981.

El problema de esa Sentencia, como los medicamentos, radica en que su uso requiere leer el prospecto con sus indicaciones para evitar daños o reacciones peligrosas en el paciente.