Sobre la viabilidad legal de la instalación de cámaras de vigilancia en las comunidades de propietarios

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Por D. Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante (Doctor en Derecho)

1.- Introducción.

Se plantea en una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de diciembre de 2010 –EDJ 2010/284761– el interesante y actual tema de la viabilidad legal de la instalación de cámaras de seguridad en las viviendas y si este sistema afecta, o puede afectar, al derecho a la propia imagen de las personas. Sin embargo, aunque el objeto de la citada sentencia trata sobre la instalación de las cámaras en un chalet o adosado y la afectación que la grabación provocaba en el colindante, cierto es que afecta el estudio a la adopción de estas medidas en las comunidades de vecinos, cono vamos a reseñar.

Y es que la actual situación de inseguridad ha determinado que muchas comunidades de propietarios opten por estudiar la viabilidad legal de instalar cámaras de seguridad en los inmuebles como sistema para actuar a prevención ante los reiterados delitos contra la propiedad que se suceden y con el objetivo de que desistan de su intento, al menos en esa comunidad, al disponer de estos dispositivos de control. Es decir, que además de operar como un mecanismo de identificación de las personas que accedan a la comunidad, la verdad es que viene a constituir un mecanismo de prevención que determine que desistan de actuar en comunidades que tienen instalados dispositivos de control y vigilancia por grabación de imágenes.

Pero la instalación de las cámaras de vigilancia tiene muchas aristas que tener en cuenta antes de ser adoptada su presencia en las comunidades, ya que tiene una amplia afectación de materias a considerar, entre las que se encuentran el derecho a la imagen, el alcance del quórum exigido por la LPH –EDL 1960/55– para la adopción del acuerdo, la proporcionalidad en la adopción de la medida para prevenir la delincuencia en la comunidad y la alegación de la afectación de los derechos de algunos comuneros que consideran más importante la protección personal de su derecho constitucional a la propia imagen y la privacidad de su entorno que las razones de protección y seguridad que puedan alegarse en justificación de la inclusión en un orden del día de la instalación de las cámaras de seguridad.

2.- La LPH y el quórum para la adopción del acuerdo.

Así, en primer lugar, hay que concretar que la instalación de cámaras de vigilancia requerirá la adopción de acuerdo por 3/5 según establece el art. 17.1 LPH –EDL 1960/55-, quedando obligados todos al pago de alcanzarse ese quórum, que sabido es que no debe conseguirse en la misma junta, sino que hay que estar a la espera del resultado del voto presunto para calcular si con la no oposición de los ausentes se llega a los 3/5.

Pues bien, entendemos que en materia de comunidades de vecinos, adoptado el acuerdo como medida de seguridad y recogiéndose tal objetivo en el acta al aprobar el acuerdo, no puede entenderse que quede afectado el derecho a la propia imagen de los comuneros por el hecho de que ellos salgan en la imagen, ya que existe una cobertura de acuerdo comunitario adoptado por todos los que han optado por hacer vida en comunidad y sujetarse a los acuerdos de una mayoría. Distinto es, sin embargo, el caso de una persona que opta por adquirir un chalet o adosado por preferir hacer vida independiente, aunque también pueden estar en régimen de comunidad, y que un vecino, sin existir acuerdo, instala cámaras de seguridad propias para la vigilancia exterior del inmueble alcanzando la grabación al vecino, de tal manera que queda constancia en el sistema de grabación de las entradas y salidas de este y de las personas que allí habitan, suponiendo una vulneración de la intimidad.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado la sentencia de la AP de Valencia de 17 de mayo de 2003 –EDJ 2003/126631– sobre la instalación de cámaras de grabación de imágenes en el patio común de un edificio grabando las entradas y salidas de las personas por motivos de seguridad avalándolas. También, la sentencia de la AP de Valencia de 28 de mayo de 1998 –EDJ 1998/13358-, confirmada por la sentencia del TS de 2 de julio de 2004 –EDJ 2004/82483-, según la cual, no cabe un automatismo en la aplicación de la norma contenida en la Ley orgánica de protección del derecho al honor y a la propia imagen, sino que queda a la esfera valorativa del juez la construcción selectiva del trozo de vida que conviene a aquella conforme a las pautas del art. 2.1 LPDH (Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen) -EDL 1982/9072-, por lo que debe ponderarse si…

ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ:

http://www.elderecho.com/civil/viabilidad-instalacion-vigilancia-comunidades-propietarios_11_517930004.html

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