Día: 13/04/2013
Nace una Fiscalía para perseguir delitos basados en el odio a la diferencia
El odio al diferente es una constante desde el principio de los tiempos. Pasó entre los romanos y los germanos, los egipcios y los judíos y así sucesivamente con las civilizaciones de todas las épocas, alcanzando su cénit con el tristemente célebre Holocausto. Ahora, con la intención de proteger a las minorías étnicas, raciales, sexuales, a colectivos de discapacitados o enfermos o a quienes se consideran ofendidos en su sentimiento religioso nace la Fiscalía delegada para la tutela penal de la Igualdad y contra la Discriminación, un área cuya representante en Málaga será la acusadora pública María Teresa Verdugo Moreno.
Esta delegación surge después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, nombrase a Elvira Tejada como fiscal de Sala para la Igualdad, de tal forma que une esta función a la que ya desempeñaba como responsable de Delitos Informáticos. En todas las fiscalías provinciales de España ambas disciplinas van unidas, pero en Málaga, con su enorme carga de trabajo, densa y compleja, se han separado por motivos evidentes. El incansable Jacobo Fernández-Llébrez seguirá dirigiendo Delitos Informáticos.
Ya con el mapa nacional de fiscales contra el odio dibujado, Verdugo explica que su actuación se circunscribirá a perseguir delitos relacionados en 13 artículos concretos del Código Penal, o específicos, y en otros más genéricos pero cometidos sobre la base de un odio a la diferencia.
Los grupos protegidos siempre son, indica Verdugo, «en función de la raza, la etnia, la nacionalidad, el sexo, la orientación sexual, una enfermedad o minusvalía o incluso la pertenencia a una confesión religiosa».
Entre esos delitos específicos se encuentran la amenaza con un mal específico a un colectivo; la tortura basada en la discriminación, lo que se daría por ejemplo si un funcionario o una autoridad abusara de su cargo y sometiera al miembro de una minoría a sufrimientos físicos o mentales, o a condiciones o procedimientos que atenten contra su identidad; la discriminación en el empleo privado o público por ideología, religión o creencia; o la provocación al odio.
María Teresa Verdugo Moreno, nueva fiscal delegada para la Igualdad. GREGORIO TORRES
En este último campo, se trata de determinar si alguien o un colectivo promueve el odio o la violencia contra grupos y asociaciones. También se persiguen las difamaciones e informaciones injuriosas, la denegación de prestaciones públicas o privadas a alguien perteneciente a una minoría, por ejemplo cuando se le niega una indemnización o una prestación a la que tenga derecho a una persona por su condición ideológica, sexual o étnica. «En este caso podríamos hablar de un colegio concertado que impida matricular a su hijo a una pareja de lesbianas, por ejemplo», dice Verdugo.
En el ámbito privado, se castiga por ejemplo que un hostelero se niegue a hacer el banquete de boda de una pareja gay –son ejemplos concretos– o de unos inmigrantes. Casi todos los delitos tienen prisión, alerta Verdugo, quien recuerda que en el caso de un negocio existe una pena de inhabilitación de uno a cuatro años. Es decir, se cierra el local y a otra cosa.
Se castiga asimismo la asociación ilícita para promover la discriminación, y hay todo un catálogo de delitos contra los sentimientos religiosos, como interrumpir una ceremonia, profanar templos o hacer escarnio de una creencia. Hay duras penas para quienes difundan ideas o doctrinas que justifiquen el genocidio –ojo, no que lo nieguen– o para los que actúen para exterminar a un grupo. En total, son 13 artículos específicos del Código Penal los que sustentarán los expedientes judiciales que manejará Verdugo. «También nos encargaremos de todos los asuntos de delitos básicos en los que concurre la agravante de que el ilícito se cometa por razón de la raza o del sexo, por ejemplo unas lesiones», recalca la acusadora.
Ahora, esta delincuencia estará monitorizada por la misma persona, desde la denuncia a la sentencia. La experiencia ha demostrado que la especialización fiscal logra mayor eficacia que la dispersión. ¿Por qué se crea la Fiscalía? «Primero, esto es una forma de homologar las legislaciones a la legislación europea; en Alemania hay una regulación muy fuerte al respecto, están muy sensibilizados con que puede acabar muy mal el permitir que germinen conductas que en un principio parecen inofensivas. Hay que ponerles freno. Son legislaciones que en Francia o Alemania están muy consolidadas. Ahora, hemos modernizado la legislación, dando amparo a sensibilidades antes no recogidas en el Código Penal», precisa.
En Málaga no hay un problema con estos delitos, pero es importante que exista una Fiscalía así para erradicar cualquier semilla de odio a la diferencia. «Estas conductas a efectos estadísticos no son relevantes en Málaga. Éste es un sitio con una mentalidad abierta, tolerante, llevamos mucho tiempo recibiendo gente, y hay una convivencia pacífica. Pero hay gente que no sabe que ciertas conductas están amparadas por el Derecho Penal», indica.
Esas minorías, viene a decir Verdugo, han interiorizado y etiquetado como normales conductas sufridas que para nada lo son. Y ahora deben saber que esta Fiscalía las persigue y tratará de castigarlas, lo que es una forma de hacer que se vean estos grupos. No se podrá reunir con todos los colectivos, porque el universo de posibles beneficiarios de la actuación de esta Fiscalía es inmenso, pero Verdugo entiende que la idea es que esta población conozca el servicio, y sepa «que las vulneraciones de sus derechos fundamentales están amparadas en otras instancias, y en el derecho penal, y cuando se vean afectados o sea necesario sepan que la Fiscalía les apoyó».
En Barcelona, pionera en implementar una Fiscalía de este cariz, la especialidad está funcionando muy bien y sacando mucho trabajo, en parte porque el área se ha convertido en una referencia y mucha gente se dirige directamente a ella para denunciar, y por otro lado porque es una provincia con una gran conflictividad social de carácter étnico. Málaga se suma a la vanguardia contra el odio.
Tranquilidad y mucha policía en el mercadillo del barrio Araceli. Almería
Mucha Policía Local y relativa tranquilidad en la reinstalación del mercadillo del viernes en la calle Imperio Argentina del barrio de Araceli.
La instalación de los puestos de los comerciantes que han aceptado esta ubicación «sin renunciar a volver a la Plaza de Toros» cuando sea posible tras las obras, no ha estado exenta de problemas, ya que hubo quejas por el espacio destinado a cada uno, o la posibilidad de ocupar las aceras. Al final algunos de los comerciantes decidieron marcharse y no trabajar, hasta el punto de que sólo se quedaron menos de la mitad, según datos oficiales dados por el Ayuntamiento, permanecieron montados 85 puestos de las 182 licencias entregadas.
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Anteproyecto de ley de seguridad privada
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro del Interior sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que pretende, entre otros objetivos, impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, y abrir a este último la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no están recogidos en la normativa actual. A la vez, será más estricta y rigurosa con las compañías de seguridad privada, con un régimen sancionador exigente.
La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Como botón de muestra, el sector está compuesto por casi 1.500 compañías, con una plantilla de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2011.
La nueva Ley de Seguridad Privada será más estricta y rigurosa con el sector y abrirá la puerta a nuevos servicios
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, informó hoy al Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que pretende, entre otros objetivos, impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada y abrir a este último la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no están recogidos en la normativa actual. A la vez, será más estricta y rigurosa con las compañías de seguridad privada con un régimen sancionador exigente.
La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Como botón de muestra, el sector está compuesto por casi 1.500 compañías, con una plantilla de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2011.
España es uno de los países que lidera este sector. En cambio, nuestro país es uno de los Estados de Europa con más policías por habitante (528 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la UE). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la UE.
En su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, 20 años después de su aplicación ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas. La normativa vigente no está adaptada al entorno tecnológico esencial para el sector de la seguridad privada y no recoge el régimen actual de distribución de competencias entre el Estado y las autonomías. Hasta la fecha, estas insuficiencias han sido paliadas por normas reglamentarias o resoluciones de la Dirección General de la Policía sin verdadero carácter normativo, que han generado problemas de inseguridad jurídica y de dispersión normativa.
De ahí la necesidad de disponer de un nuevo texto jurídico con rango de ley, que regule de forma integral y sistemática el modelo español de…
http://www.elderecho.com/actualidad/prometen-TSJA-incorporarse-juzgados-Andalucia_0_529125030.html
Leo, el perro adiestrado para la detección de estupefacientes, está preparado para su primer servicio. Arahal-Sevilla
Uno de los perros adiestrados en la detección de estupefacientes de la Policía Local de Arahal, está preparado para empezar a realizar servicios con la Unidad de Servicios Especiales (USE).
En los próximos días, Leo, nombre del perro de agua español, raza del animal, comienza los servicios de detección de material estupefacientes con los agentes de la Unidad de Servicios Especiales.
Foto: Policía
Según el jefe de la Policía Local, Antonio Brenes, el perro es el complemento para hacer más efectivos el control del menudeo de drogas en la localidad.
Leo ha sido adiestrado durante tres meses por Joaquín Coronilla, compañero del cuerpo y experto en la materia, que actualmente ejerce en la Policía Local de San Fernando (Cádiz).
El perro que ha llegado a Arahal es hijo de «Ron», considerado como una de los mejores perros en la detección de drogas incluso a nivel mundial. Esta adiestrado en la detección de la mayor parte de las sustancias que se suelen «mover» por la localidad, Cocaína, Hachís MDMDA, y marihuana.
Desde este Blog de la Policía Local queremos agradecer a los responsables políticos el esfuerzo realizado para que el proyecto de la Unidad Canina de esta Policía Local sea una realidad. Sin duda, servirá para evitar en gran medida que la droga siga circulando por nuestra localidad y esté al alcance de nuestros hijos.
Criminología de la UCJC, pionera en España en «huellas de oreja»
El otograma o «huella de oreja» es un método más para identificar personas, además de las huellas dactilares o las piezas dentales. Normalmente las huellas latentes de este tipo quedan en la superficie de puertas, cristales y otras, en las que los delincuentes merodeadores han apoyado la cabeza para escuchar si hay alguien en el interior.
El Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela ha decidido tomar la «huella de oreja» a los alumnos que se interesen por cursar esta carrera «como una promesa de que en sus aulas descubrirán todas las potencialidades de la ciencia contra el crimen», según el doctor Francisco Pérez Abellán, director del título.
«El otograma es uno de los avances más espectaculares de la ciencia criminológica«, afirma Pérez Abellán, y añade que «en la universidad Camilo José Cela los secretos de la Criminología comienzan con las técnicas de identificación y terminan aprendiendo a investigar en vivo».
Incidir en la importancia del criminólogo
La iniciativa de la UCJC pretende incidir en la importancia creciente de los criminólogos, ahora que está de plena actualidad el proceso de aceptación del colegio madrileño de licenciados de este Grado, que permitirá subrayar la relevancia de la figura del científico en la prevención y el tratamiento de la delincuencia.
A partir de ahora, todos los aspirantes a criminólogos que se presenten en el campus de la UCJC a interesarse por los detalles del Grado de Criminología serán obsequiados con la «huella de oreja»que se llevarán a casa en una ficha de indentikit, perfectamente preparada para no conculcar la ley de protección de datos, como prueba de todo lo que las modernas técnicas son capaces de hacer para resolver un misterio criminal.
En los últimos tiempos, en la universidad Camilo José Cela, dos nuevos doctores han conseguido su grado con la máxima calificación por tesis sobre el otograma. Los primeros alumnos que se han sometido a esta la prueba son los que están cursando el Primer Master Oficial de Criminología y Criminalística, que permite obtener el doctorado y que disfrutaron de esta técnica, poco conocida pero eficaz, con la que ya se han resuelto varios juicios.
Utilizado en Palencia
La Policía Nacional utilizó el otograma por primera vez en Palencia, en el atraco a una vivienda ocurrido en 15 de diciembre del año 2000. A una señora llamada Jacinta M. le sustrajeron diversas joyas por valor de un cuarto de millón de las antiguas pesetas. Los atracadores habían utilizado guantes, pero no contaban con que el inspector jefe de la Brigada de Policía Científica buscara las «huellas de oreja» en la puerta que habían destrozado para entrar. En Santander, una banda de 13 ladrones extranjeros fueron capturados debido a «las huellas de oreja» que habían dejado en distintos domicilios asaltados.
El otograma fue admitido por el juez en la primera de estas causas que llevaría a una vista oral con condenas para todos los encausados puesto que pudo probarse que no hay dos orejas iguales, ni tampoco dejan la misma huella las orejas de una misma persona. Es decir, que son claramente únicas, y por tanto, válidas para la identificación. A día de hoy, solo en Palencia, se cuenta con una base de datos demás de 500 otogramas y se sabe que otros casos se han resuelto por este procedimiento en Lérida, Burgos, Gijón y Orense. En el campo internacional, el mayor experto en otogramas es el holandés Cornelius Van del Lugt, que resolvió su primer asunto de este tipo en 1965.
Los informes de los detectives privados estarán disponibles para policías y jueces
Tras semanas de escándalos al hilo del espionaje en Cataluña, con Método 3 y partidos políticos envueltos, habrá una nueva regulación. Uno de los puntos más importantes es que las agencias de detectives privados tendrán la obligación de destruir las imágenes captadas en sus trabajos después de un año salvo en los casos que estén inmersas en investigaciones judiciales.
Ésta es alguna de las novedades para ahondar en un «mayor control» de la Administración a las empresas de detectives privados que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.
Además, tendrán que hacer informes incluyendo los resultados de sus investigaciones que estarán disponibles «en todo momento» para jueces y policías. Deben documentar por escrito los encargos que realicenen sus investigaciones detallando la identidad, los medios utilizados.
Asimismo, estas empresas tendrán que presentar una memoria ante el Ministerio del Interior una vez al año y se incluye la prohibición de usar servicios materiales o técnicos «que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones. «Los informes deberán conservase archivados cinco años y las imágenes se destruirán un años después de su finalización salvo que estén inmersas en una investigación judicial», ha explicado el ministro del Interior.
Se crea un un catálogo concreto de normas que deberán seguir los detectives, cuyo incumplimiento podrá ser sancionado con la retirada de la autorización para ejercer la profesión.
Pero la ley, que ordenará la normativa dispersa que existe en el sector de la seguridad privada, quiere dotar también de mayores garantías jurídicas a las empresas y a los ciudadanos y, en ningún caso, según el ministro, supondrá paso alguno para la privatización de la seguridad pública.
De hecho, el objetivo es hacer más «compatibles» y «complementarias» las actividades que desarrollan los servicios públicos con los privados, cuyas empresas -casi 1.500 en toda España– facturan al año más de 3.200 millones de euros y dan empleo a 90.000 personas.
El texto del anteproyecto se someterá a dictamen de diversos órganos consultivos, entre ellos la Agencia Española de Protección de Datos, y volverá a la mesa del Consejo de Ministros para su posterior remisión a las Cortes.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/12/espana/1365752719.html
El Gobierno se plantea devolver a los funcionarios parte de la paga extra suprimida
El presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, Miguel Borra, ha asegurado que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, le ha reconocido durante un encuentro mantenido este viernes que el Gobierno tendrá que abonar presumiblemente a funcionarios y personal laboral los días devengados de la paga extra suprimida.
El Gobierno está estudiando la devolución de los días devengados de la paga extra de Navidad que suprimió en 2012 tras los procedimientos judiciales que advierten que una norma no puede aplicarse con carácter retroactivo y las opiniones que, en el mismo sentido, ha expresado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda.
El presidente de sindicato de funcionarios CSI-F, Miguel Borra, ha asegurado que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, le ha reconocido durante un encuentro mantenido hoy todos los empleados públicos cobrarán en 2013 las dos pagas extras y que se abrirá, en su momento, un proceso de diálogo para arbitrar medidas en vista a la recuperación de la segunda paga extra suspendida en 2012.
Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas.
En declaraciones a la prensa, Borra ha recordado que el decreto que suprimió la paga extra se aprobó a mediados de julio, si bien la paga de Navidad había empezado a devengarse, en el caso de los funcionarios desde el 1 de junio, por lo que los días de paga que podrían recuperarse son 44. En el caso del personal laboral, se podrían recuperar entre 14 y 44 días de paga, dependiendo del organismo al que estén adscritos.
Asimismo, Borra ha destacado que las pagas extraordinarias de los empleados públicos correspondientes a este ejercicio están garantizadas porque el Gobierno no tiene intención de suprimir ninguna en el paquete de medidas de reforma que anunciará el próximo día 26.
En un comunicado, Hacienda ha confirmado que este año se cobrarán las dos pagas y ha indicado que se abrirá, en su momento, un proceso de diálogo para arbitrar medidas en vista a la recuperación de la segunda paga extra suspendida en 2012.
http://www.expansion.com/2013/04/12/economia/1365770404.html
La Policía sanciona a dos vendedores ambulantes. La Línea-Cádiz
La Policía Local intervino el jueves 12 cajas de fresas que estaban siendo vendidas en la calle Lepanto por un vendedor ambulante residente en la población sevillana de Utrera. Este vendedor es reincidente. Además, la furgoneta en la que ejercía la actividad se encontraba en muy malas condiciones de seguridad, fundamentalmente tres neumáticos. Los agentes de la Policía Local inmovilizaron el vehículo hasta que fuesen repuestos. La mercancía fue retirada y el conductor, multado.
Imagen de los productos intervenidos en la calle Gibraltar.
Asimismo, la Policía intervino ayer en la calle Gibraltar a otro vendedor, igualmente de Utrera, 170 kilos de tomates, 45 de naranjas y 1.657 de patatas. Fue denunciado por los mismos preceptos y además por usar megafonía.
La alcaldesa, Gemma Araujo, quiso indicar que acciones de este tipo obedecen a la protección que para el comercio local ejercen las disposiciones legales existentes y la ordenanza municipal que regula la actividad. «Entendemos que son personas que necesitan vender para comer, eso lo comprendemos, pero hay que anteponer a los ciudadanos linenses que tienen todo en regla para ganarse la vida sin que nadie le haga competencia ilegal», manifestó Araujo.
http://www.europasur.es/article/lalinea/1501297/la/policia/sanciona/dos/vendedores/ambulantes.html
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Policías Locales Andalucía 